INMINOTAS por la abogada Janell Avila
Entendiendo la Nueva Política de parte de la Casa Blanca hacía Personas Indocumentadas
En el mes de Julio del 2011, el portavoz del Presidente Obama anunció una nueva política sobre personas indocumentadas en los EEUU. Durante los últimos meses se ha escuchado mucho sobre esta noticia y la manera en que esta nueva política afecta a los más de 11 millones de personas indocumentadas que viven actualmente en este país. Hasta ahora, solo ha habido rumores y especulación sobre el impacto real que tendrá esta política.
Para repasar, como en todos los países democráticos el congreso de los EEUU, es decir el senado y la cámara de representantes, son los que escriben y ratifican las leyes de nuestro país. Por lo tanto, el Presidente Obama no tiene la autoridad de ratificar nuevas leyes. Esto es importante de entender para saber que lo siguiente no es una nueva ley, sino solo una nueva política orquestrada por esta administración, o una nueva forma de determinar el tratamiento de ciertas personas indocumentadas en los EEUU.
La política únicamente afecta a personas indocumentadas que se encuentren actualmente en procedimientos de expulsión. Es decir, solo afecta a personas que ya han sido procesadas para comparecer ante la Corte de Inmigración. Generalmente esto sucede cuando una persona cae bajo custodia de inmigración después de recibir alguna infracción de tránsito o un delito menor o mayor, aunque a veces es posible recibir notificación de lo mismo por correo en ciertos casos. La presente política no tiene ningún efecto a las demás personas indocumentadas.
La nueva política es la siguiente: los fiscales del lado de inmigración han sido requeridos a repasar los casos de la Corte de Inmigración pendientes con la intención de ordenarlos y categorizarlos con etiqueta de “alta prioridad” por lo que seguirán siendo enjuiciados y otros como “baja prioridad” lo cual quizás ya no seguirán bajo acusación. Es decir, de esta forma los casos que son revisados y clasificados como “baja prioridad” pueden ser quizás cerrados y por lo tanto la persona indocumentada previamente en procedimientos de Corte de Inmigración para ser expulsada resulta con su caso cerrado, sin necesidad a comparecer más ante la Corte y puede permanecer en los EEUU y regresar a su estatus previo (indocumentada). De esta forma la persona indocumentada tiene un resultado positivo en el hecho que ya no se enfrenta con el riesgo inmediato de ser expulsada.
Esto no quiere decir que esta persona no puede ser expulsada en el futuro, sobre todo si comete algún delito mayor en el futuro. Es importante notar que la nueva política simplemente cierra el caso de uno, y no da ningún estatus especial ni tampoco da ningún permiso de trabajo a la persona. Hay algunos que esperan que la ley cambie en el futuro para ofrecer algún tipo de estatus especial o permiso de trabajar, pero por el momento los beneficiarios de esta nueva política no tendrán derecho a más aparte de que su caso ha sido afortunadamente cerrado.
Para poder tomar ventaja de esta nueva posibilidad, es necesario hacer un pedido formal por escrito al fiscal antes de su audiencia y esperar la decisión de parte de la fiscalía. Como tal, se recomienda que las personas que se encuentren en procedimiento de expulsión consulten con un abogado de inmigración con experiencia para conocer si uno tendrá oportunidad de solicitar que cierren el caso. Además, si la persona tiene un caso ya en proceso, como por ejemplo ha sometido una solicitud para algún beneficio, debe consultar con un abogado para conocer sus opciones, o sea de seguir adelante con su solicitud o solicitar que se cierre su caso. Un abogado con experiencia puede explicarle las opciones y consecuencias de su decisión sobre su caso y cuál es la mejor opción.
Así es que después de varios meses de especulación se implementa la política de la Casa Blanca. Previamente los fiscales en las Cortes de Inmigración estaban opuestos a implementarlo debido al hecho que va en contra del puesto de la fiscalía y la meta de la oficina y porque también no tenían detalle de la política. Pero la fiscalía de Inmigración cae bajo la autoridad del Departamento de Seguridad Interna lo cual es unos de los gabinetes del Presidente. Para personas indocumentadas en los EEUU que llevan muchos años aquí, que entraron quizás durante su niñez o no han cometido delitos mayores, la nueva política es una buena noticia. Pero hay que reconocer que a la política le hace falta la autoridad de la ley, no otorga estatus legal a personas indocumentadas, no da autorización para trabajar legalmente en este país, y además el partido Demócrata tuvo la oportunidad de pasar todo lo ya mencionado cuando tuvieron control del congreso durante los primeros dos años de la presidencia de Obama y se había hecho una promesa explicita a la comunidad latina de pasar una nueva ley durante el primer año de su presidencia. Se agradece lo mínimo, pero no es lo suficiente.
